Cajas y bancos los mayores morosos de las Comunidades de vecinos.

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Las entidades financieras se han convertido en un vecino demasiado incómodo para las comunidades de propietarios. El crack del mercado inmobiliario ha dejado en sus manos cientos de miles de viviendas vacías (según datos de la Junta de Andalucía, hay 700.000 en la región) y, sin garantías de una pronta reactivación de las ventas, bancos y cajas afrontan con dificultades los gastos derivados del mantenimiento.

Según denuncia el Consejo General de Colegios Administradores de Fincas de España, la morosidad total de las entidades financieras ronda los 300 millones de euros en Andalucía, primera región en este indicador por delante de Cataluña y Madrid. De ellos, el 16 por ciento corresponde directamente a deudas contraídas con las comunidades de vecinos.

Las deudas se acumulan en miles de cuotas de comunidad desatendidas, cifras pequeñas para las entidades financieras y, en cambio, a menudo inabordables para los propietarios de un edificio. Y para poder iniciar la reclamación de estas deudas deben de estar  recogida en el libro de actas de la comunidad y luego se inicia el proceso monitorio para reclamar el pago.

Los monitorios son, al menos sobre el papel, la vía más corta para exigir una cantidad económica (en asuntos inferiores a 250.000 euros). Las comunidades solicitan por escrito al moroso las cuotas correspondientes sin necesidad de acudir a los tribunales. El documento tiene carácter oficial y acelera la fase inicial (un plazo de 20 días para contestar). Si el deudor se niega, entonces se abre la vía judicial para un futuro juicio.

Aunque el mecanismo se creó con vocación de celeridad,  aún así, los impagos se dilatan y el cobro a las entidades financieras es complejo. Aquí se refleja también la sobrecarga de los juzgados.

El Consejo General de Colegios Administradores de Fincas de España ha ofrecido algunas alternativas para paliar la morosidad de bancos y cajas. Sugieren “modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que el adquirente de cualquier título de una vivienda en régimen de propiedad horizontal, responda con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales”.

De este modo, los administradores consideran que “se incrementarían las garantías a favor de las comunidades de propietarios, aumentando la posibilidad del cobro de las cantidades adeudadas y logrando, con ello, que la importante labor de mantenimiento de los edificios no se paralizara por causa de las deudas de las entidades financieras”.

Dpto. Administración de Fincas de Jiménez&Alés Consultores.

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